Entre enero de 2015 y agosto de 2025, se registraron 7 mil 511 carpetas de investigaci\u00f3n por aborto, seg\u00fan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad P\u00fablica (SESNSP).<\/p>\n
Esta cifra contrasta con el panorama del pa\u00eds, pues en septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) declar\u00f3 inconstitucional la penalizaci\u00f3n absoluta del aborto.<\/p>\n
Desde entonces, 22 estados han reformado sus c\u00f3digos penales para permitir la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo, generalmente hasta las 12 semanas de gestaci\u00f3n.<\/p>\n
Sin embargo, los registros oficiales evidencian que el reconocimiento legal no siempre se traduce en un cambio real en la pr\u00e1ctica judicial: ministerios p\u00fablicos y fiscal\u00edas siguen persiguiendo penalmente este derecho, incluso en estados donde ya ha sido despenalizado.<\/p>\n
Tres entidades concentran m\u00e1s de la mitad de las carpetas abiertas por aborto en la \u00faltima d\u00e9cada: la Ciudad de M\u00e9xico (1,471), el Estado de M\u00e9xico (1,252) y Nuevo Le\u00f3n (1,101), que en conjunto suman 3,824 expedientes, es decir, m\u00e1s del 50% del total nacional, de acuerdo con datos del SESNSP consultados por Grupo de Informaci\u00f3n en Reproducci\u00f3n Elegida (GIRE) en su informe Maternidad o Castigo, hacia la despenalizaci\u00f3n del aborto en M\u00e9xico.<\/p>\n
El caso m\u00e1s contradictorio es el de la capital del pa\u00eds, donde el aborto es legal desde 2007. Aun as\u00ed, la apertura de carpetas ha aumentado 41% entre 2015 y 2024, al pasar de 131 a 185 investigaciones anuales.<\/p>\n
Sin embargo, es importante recalcar que el informe no especifica hacia quienes est\u00e1n dirigidas las carpetas, por lo que podr\u00eda involucrar a personal m\u00e9dico, parteras o acompa\u00f1antes.<\/p>\n
Aunque no siempre se concretan en sentencias condenatorias, los procesos judiciales pordr\u00edan funcionan como un mecanismo de persecuci\u00f3n, algo que, seg\u00fan GIRE, mentiene vivo el estigma social y legal que rodea al aborto.<\/p>\n
En estados como Nuevo Le\u00f3n y Baja California, que no figuran entre los m\u00e1s poblados del pa\u00eds, se concentra casi el 20% de todas las carpetas de investigaci\u00f3n por aborto.<\/p>\n
Seg\u00fan Gire, esto indica que el fen\u00f3meno no puede explicarse solo por densidad poblacional, sino por decisiones institucionales que se enfocan en la sanci\u00f3n penal sobre el enfoque de derechos.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la organizaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que existen discrepancias entre los datos p\u00fablicos del SESNSP y los reportes obtenidos mediante solicitudes de acceso a la informaci\u00f3n.<\/p>\n
Por ejemplo, en Chihuahua se reportaron 74 carpetas de investigaci\u00f3n por aborto en un periodo determinado, mientras que el SESNSP registr\u00f3 77 para el mismo lapso. Estas inconsistencias reflejan falta de uniformidad en la forma en que las fiscal\u00edas estatales reportan y clasifican los casos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Entre enero de 2015 y agosto de 2025, se registraron 7 mil 511 carpetas de investigaci\u00f3n por aborto, seg\u00fan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad P\u00fablica (SESNSP). Esta cifra contrasta con el panorama del pa\u00eds, pues en septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) declar\u00f3 inconstitucional la penalizaci\u00f3n absoluta del aborto. Desde<\/p>\n