PAÍS DE ÁFRICA APRUEBA PENA DE MUERTE PARA HOMOSEXUALES

El Parlamento de Uganda estableció como marco jurídico de la norma: cadena perpetua para quien cometa un “delito de homosexualidad” y hasta 20 años de cárcel por promover la homosexualidad, lo que pone en la mira a activistas que protejan los derechos de las minorías sexuales, periodistas y trabajadores humanitarios.

Atentar contra los Derechos Humanos

Ante este escenario, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, expresó lo devastadora que supone esta aprobación y puso sobre la mesa la desgarrante posibilidad de que este suceso conlleve a un punto de partida para la violación sistemática de los Derechos Humanos de las minorías sexuales.

A su vez, Adrian Jjuuko, director ejecutivo de Human Rights Awareness and Promotion Uganda, hizo énfasis en que el consentimiento de esta norma contra la homosexualidad, es estrechamente contraria a la Constitución de Uganda, la cual exige y se rige por el derecho a la dignidad y a la libertad.

África en contra de la libre preferencia sexual

Sin embargo, lo que resulta aún más desgarrador en pleno siglo XXI, en donde la inclusión y diversidad forman parte de todas y cada una de las agendas públicas y privadas, es que la República de Uganda no va sola por este camino.

Únicamente en África, más de 30 países penalizan la homosexualidad con mayor o menor dureza. Y en países como Nigeria y Somalia, en donde los tribunales se rigen mediante la ley islámica o la ley sharia, las condenas de muerte se pronuncian con frecuencia.

De acuerdo con la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA), actualmente más de 11 países castigan las relaciones homosexuales con la muerte, entre los que se encuentran Arabia Saudí, Irán, Yemen, Sudán, Mauritania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Afganistán y los países africanos mencionados.

Asimismo, de los 193 países que forman parte de Naciones Unidas, 68 consideran ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo, lo que denota que en uno de cada tres países del globo, la legislación tiene tintes homofóbicos y de exclusión social.