ANDREA CHÁVEZ RETIRARÁ SU IMAGEN DE UNIDADES MÉDICAS EN CHIHUAHUA
La senadora Andrea Chávez dio a conocer que retirará su imagen de unidades médicas utilizadas en el estado de Chihuahua. Además, dijo estar a favor de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre fijar reglas internas en Morena para evitar actos anticipados de campaña por parte de su integrantes.
La senadora dijo que quitará su nombre e imagen de estas “si eso tranquiliza a los pitufos de la aldea”, refiriéndose a los integrantes del PAN que presentaron la denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR).
No obstante, aclaró que mantendrá los vehículos porque algunos municipios de Chihuahua no cuentan con unidades que brinden auxilio.
Los autobuses se mantienen, las ambulancias se mantienen. Estamos realizando gestiones con sector privado también para ambulancias. En muchos municipios no hay ninguna ambulancia, no hay ningún vehículo que ayude, auxilie a la gente enferma y es el estado de Chihuahua, el estado más extenso”.
De acuerdo con el abogado panista Roberto Gil Zuarth, que lleva el caso, se trata de una denuncia de hechos que podrían derivar hasta en 15 delitos en contra de la legisladora y el empresario Fernando Padilla Farfán, dueño de las empresas Línea Médica del Sur S. A. de C.V. y F Medical, proveedoras de ese servicio.
El PAN denunció a Andrea Chávez, al empresario Fernando Padilla Farfán, a través de sus empresas, de conformar una estructura que derivó en la adjudicación de contratos por más de 2 mil millones de pesos con gobiernos estatales de origen morenista.
El Partido señaló que de la denuncia de hechos se pueden desprender los delitos de defraudación fiscal, ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, concusión, ejercicio indebido de funciones.
Además de tráfico de influencia, cohecho peculado, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, desvío de recursos en materia de salud y delincuencia organizada.
Roberto Gil Zuarth aseguró que los hechos que denunciaron ya no ameritan ninguna controversia debido a que la propia legisladora aceptó la utilización de las unidades, primero como parte de donativos y después como parte de un convenio con la clase empresarial.
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