SHEINBAUM NO PACTARÁ EN LO “OBSCURITO” CON SALINAS PLIEGO

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la ley no se negocia, pero no descartó la posibilidad de diálogo para abordar el tema de adeudo de impuestos del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Las declaraciones de la mandataria ocurren en respuesta a la petición del empresario para instalar una “mesa de negociación” para abordar los adeudos en impuestos que tienen sus empresas en México tras los señalamientos por supuesta defraudación fiscal en Estados Unidos.

Mediante una publicación en X del jueves, Salinas dijo que entre él y Sheinbaum existen “profundos desacuerdos” que no cambiarán y argumentó que ha sido atacado desde el gobierno anterior en las conferencias de Palacio Nacional. Añadió que esta administración y la de Andrés Manuel López Obrador han dedicado “muchísimo tiempo” a calumniarlo.

Sin embargo, la mandataria dijo que los tiempos de “negociación en lo oscurito” “quedaron en el pasado”, además refirió que ya ha habido mesas técnicas sobre el caso y que Grupo Salinas “tiene derecho a lo que tiene derecho cualquier deudo en caso de que pague”.

Sheinbaum detalló que cuando se encuentran adeudos tras una revisión fiscal, el deudor tiene derecho a sus reclamos dentro del marco de la ley, sin embargo, señaló que en el “viejo régimen de consolidación fiscal se buscaba pagar el menor número de impuestos posibles”, por lo que consideró importante que se conozca cómo se realizan los cálculos y qué permite descontar multas y recargos, según lo establecido en el Código Fiscal y la Constitución.

La procuradora Fiscal, Grisel Galeano, dijo que el caso se originó a raíz de la reforma implementada en 2013, momento en el cual el Estado decidió suspender el régimen de consolidación fiscal.

Con la suspensión de este régimen especial, que otorgaba beneficios, se requería que la empresa hiciera un “corte de caja”, tal como lo determinaba la nueva legislación. Al momento de la suspensión, se habían acumulado ejercicios sin pagar correspondientes a los años 2008, 2010, 2011 y 2012, señaló.

La procuradora detalló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que, a pesar de la terminación del régimen especial, la empresa no regresó los beneficios fiscales.

Esto significó que la compañía no devolvió el dinero ni realizó las cuentas necesarias ante el SAT para demostrar por qué aprovechó dicho beneficio en cada uno de los ejercicios anteriores y así hacer las cuentas claras. Este incumplimiento de pago y la negativa a aclarar las cuentas se ha extendido por 16 años, según explicó la procuradora.

“La situación actual que tenemos ahora es que en 2018 y hasta ahora en los tribunales, pues ya se ha determinado que el SAT ha tenido la razón al haber llamado a esta empresa y determinarle este crédito fiscal que inicialmente era de 24 mil 968 millones”.