FEDERACIÓN OBSERVA A ROCÍO NAHLE POR MÁS DE 87 MDP

El Gobierno de Rocío Nahle volvió a reprobar en la fiscalización de los recursos destinados a la atención médica de la población. De acuerdo con el Informe Individual de la Auditoría 2118 sobre la Cuenta Pública 2025, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un dictamen negativo contra la administración estatal tras detectar un presunto daño patrimonial que asciende a 87 millones 419 mil 439 pesos, de los cuales la mayoría corresponden al uso irregular del presupuesto para el pago de nóminas fuera de norma.

El hallazgo más gravoso expuesto por el órgano fiscalizador federal se concentra en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA 2025).

Los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) tomaron 86 millones 920 mil 909 pesos autorizados para el ejercicio 2025 y los aplicaron para saldar nóminas del ejercicio fiscal 2024, sin contar con las autorizaciones legales, presupuestales ni la documentación comprobatoria que justificara dicho desvío de anualidad.

A la par de la alteración de los periodos de pago de la nómina, el informe técnico evidenció fallas severas en los controles administrativos internos. La ASF evaluó a los SESVER con una calificación de 65.4 sobre 100 puntos en su nivel de control interno, tras constatar que la dependencia estatal ignoró las recomendaciones emitidas en la Cuenta Pública 2024 y mantuvo cuentas bancarias sin el carácter de “específicas”, en las que se mezclaron recursos de distintos orígenes y se realizaron transferencias cuyo destino legal no pudo ser identificado.

La fiscalización también arrojó irregularidades por diferencias no aclaradas en el pago de servicios personales del Programa U013 por 266 mil 530 pesos, así como el incumplimiento en la devolución oportuna de 232 mil pesos de capital no devengado a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

El reporte de la ASF también dejó al descubierto un desajuste contable sin conciliar de más de 345 millones de pesos en insumos y medicamentos en especie que debieron coordinarse entre el Estado y el IMSS-Bienestar.

Derivado de estas deficiencias en la gestión de los recursos públicos en materia de salud, el Órgano Interno de Control radicó nueve expedientes de investigación para determinar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos involucrados, mientras corre el plazo legal para que el Gobierno de Veracruz intente aclarar el destino de los fondos observados.