EXFUNCIONARIO QUERETANO YA HABÍA SIDO DETENIDO

El exfuncionario público que fue detenido por hechos de corrupción ya había sido presentado a la fiscalía; sin embargo, tuvo que ser liberado al no haberse dado la detención en flagrancia, comentó Benjamín Vargas Salazar, fiscal anticorrupción de Querétaro.

Vargas Salazar indicó que hay varias personas involucradas en la investigación, aunque se reservó el número, por las que también se solicitará la vinculación a proceso de éstas; aunque no dio más detalles, subrayó que se trata de personas que operaban directamente el programa de apoyo durante la contingencia por COVID-19.

“Hubo una puesta a disposición de esta persona en su momento, obviamente no fue una detención adecuada, nosotros como fiscalía tenemos que revisar esas circunstancias. Nosotros dejamos en libertad a esta persona porque la detención no se dio en flagrancia, pero nosotros con la obligación constitucional que tenemos de investigar seguimos integrando la investigación y logramos una orden de aprehensión emitida por el juez”, dijo.

Cuestionado sobre si existe alguna investigación en contra del secretario de desarrollo humano y social, Arturo Torres Gutiérrez, indicó que se llevará ante los tribunales a quienes realmente operaban el programa, pues fueron quienes realizaron actos de corrupción; además, confirmó que las personas que son investigadas por el caso de apoyos económicos también están relacionadas con las irregularidades cometidas en el programa de becas.

“Lo que ahorita nosotros estamos informando es un apoyo que se le daba a los comerciantes en la época de la pandemia. Efectivamente tenemos otro asunto relacionado con el tema de becas y que en breve tiempo también vamos a estar judicializando. Seguramente ya en el proceso se puede solicitar la acumulación, habría que verificar algunas circunstancias jurídicas. ¿Es factible? Sí, sí es factible, pero también es factible que se puedan llevar cada una por separado, en este momento no tenemos nosotros contemplados acumularlas, pero sí tenemos contemplado judicializar”, agregó.

Además, omitió dar a conocer el monto del daño al erario público dado que la cantidad podría variar durante la investigación, aunque enfatizó que se tiene una base sobre una cantidad millonaria.

“En este caso, el municipio, que es la entidad afectada, a través de sus representantes, pues son, digamos, que la víctima de este incidente y son los que tendrían que hacer valer en el proceso la reclamación. Obviamente la fiscalía, pero al final del día ellos son la parte afectada”, dijo.